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Carta al director: La corrupción y las ocurrencias del Sr. Montoro

Publicado el 12/06/2017

La corrupción traducida en “ganar dinero irregular o ilegal” y por tanto depositado en paraísos fiscales para que esté a buen recaudo, es un atentado a las arcas del Estado no solo porque no contribuyen sino porque ello, deja  desprotegidos servicios como la salud o la educación y reducen prestaciones a pensionistas, parados o personas dependientes. Los casos Bárcena, Rato, Gürtel, Noos, Malaya, Palma Arena o el mismo Villa por citar los más conocidos dan buena cuenta de ello. Otra parte de estos recursos sirvieron para financiar partidos, campañas electorales, tapar bocas o pagar bodas y cumpleaños de conocidos políticos. Es por tanto una falta de ética, un atentado al progreso social y a la propia convivencia. Dicho de otra forma es un delito que debiera ser penalizado de forma ejemplar y quedar libre de aplicación de amnistías. Es decir cumplimiento íntegro de las penas y sin privilegio alguno.

Otra pregunta que nos hacemos los ciudadanos, es “qué pasa con sus bienes” de lenta y reducida aplicación de embargo. Es cierto que no resulta fácil sin la propia colaboración de la banca y gobierno de esos paraísos fiscales que podría por cierto acabar en un instante si hubiera voluntad política. Dato curioso es que los paraísos fiscales están en países llamados democráticos. Por otra parte la picaresca de los defraudadores no tiene límites y están bien asesorados por bufetes de abogados a cambio de buenas sumas de dinero.

Esta lacra social tendría que tener el calificativo de “traidores a la patria” ya que atenta contra la seguridad nacional y los propios servicios y prestaciones que recibimos los ciudadanos a los que ponen en peligro.

 Un dato que no se nos puede escapar, es que si hay un corrupto es que hay un corruptor y ambos tenía que ser tratados por igual, máxime cuando el dinero que se usa para pagar voluntades forma parte de los sobrecostes de obras públicas que pagamos todos los contribuyentes.

Y mientras, llega el “milagro” del Sr. Montoro con su amnistía fiscal, creyéndose ingenuamente que con esta medida, iba a aflorar el dinero negro depositado en los paraísos fiscales. La realidad nos demostró, que solo una mínima parte de ese dinero fue declarda, pese a tener un gravamen entre el uno y el tres por ciento mientras las nóminas de los trabajadores sufren al menos un 20%.

Razonaba entonces el Ministro, que el agujero presupuestario que había dejado el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, justificaba esta actuación ocurrente de la que se habrían de beneficiar políticos, banqueros y empresarios fundamentalmente.

 

La reciente sentencia del Tribunal Supremo es bienvenida, pero no ilusionante, ya que no es retroactiva por lo que los que tributaron entonces, no tendrán que pagar lo que les hubiera correspondido de haber jugado limpio.

Podemos alegrarnos de la sentencia, pero no tirar traca.