Carta al director. De entrada la noticia es un poco confusa porque no se distingue muy bien si habla el Sr. Alcalde o Aqualia.

Publicado el 04/06/2015

 Estoy completamente  desconcertado con la noticia de que Aqualia, según el Sr. Alcalde, pretende resolver  el contrato de explotación de la piscina Santi Cazorla y, además, que se le indemnice con 4,7 millones de euros.

De entrada la noticia es un poco confusa porque no se distingue muy bien si habla el Sr. Alcalde o Aqualia. Confusión no imputable a la editorial del periódico, que siempre publica las noticias tal y como le llegan, sin hacer retoque alguno. Lo más probable es que que el comunicado haya sido hecho entre los dos actores, de forma conjunta y de ahí la confusión, lo que ya resulta significativo.  Comienza el texto con esta frase: “El Alcalde culpa a la oposición del cierre de la piscina” y continúa en estos términos: “Aqualia solicita al Ayuntamiento que se lleve a cabo la tramitación pertinente para proceder a la resolución de contrato”.

Vamos a ver, Sr. Alcalde,la piscina no está cerrada, al contrario, está funcionando y bien. Si Aqualia ha solicitado la “tramitación pertinente para resolver el contrato”, pues a ver si logra explicar en qué consiste esa tramitación. Le voy ayudar un poco. Si es que existe esa petición de Aqualia, se le contesta amablemente que tiene un contrato en vigor que debe cumplir y que de no estar conforme, sólo tiene que abandonar la gestión de la piscina, el Ayuntamiento no tiene que hacer ningún trámite porque no tiene intención alguna de resolver el contrato.

Continúa el comunicado, dejando caer que la oposición es la culpable de la pérdida de puestos de trabajo, que actuó con irresponsabilidad y otras milongas por el estilo. Para que quede cristalino, los concejales del PSOE dilataron la decisión de no pagar ni un céntimo a Aqualia por las presuntas pérdidas, porque se  había encargado un informe lo más amplio posible y ante los mejores abogados que encontramos. De manera muy especial hicimos hincapié precisamente en los riesgos que podría entrañar tal decisión, en concreto si cabía alguna posibilidad de que el Ayuntamiento tuviera que resarcir económicamente a Aqualia y si los trabajadores corrían algún riesgo de ser despedidos. El informe dejaba claro que no existía la más mínima posibilidad ni de indemnización ni de despido.

Este informe supuso para el grupo municipal del PSOE la base en la que apoyarnos y el argumento central de la decisión final y, de paso, aunque no tenga ninguna relevancia, nos costó todo el dinero que en aquel momento disponía el grupo municipal. De manera que no podemos admitir siquiera que se nos acuse de ligereza. Muy al contrario: fue la decisión mas importante que nos tocó tomar y lo hicimos con la máxima cautela y el máximo rigor.

Vayamos ahora al núcleo del asunto, y siempre suponiendo que es cierta la intención de Aqualia. De ser así, tendrá que demostrar qué motivo alega para resolver el contrato, porque -para que quede claro-es Aquallia quien desea resolverlo, no el Ayuntamiento. Pues bien, como considero a los lectores de este periódico personas preocupadas por este asunto, pueden ellos mismos averiguarlo, sólo tienen que leer las causas de resolución de un contrato administrativo en el Real Decreto 3/2011 de Contratos de Sector Público, publicado en el BOE el día 16-11-11. Leer atentamente los artículos 223, 269 y 286. Llegarán a la conclusión de que Aqualia debe demostrar qué parte del contrato ha incumplido el Ayuntamiento y eso jamás podrá hacerlo, porque el Ayuntamiento viene cumpliendo con sus obligaciones contractuales de forma diligente. Dirán ustedes -y con razón-que se agarrará  a que no se le ha pagado la subvención por las presuntas pérdidas de la gestión. Efectivamente, nada se le ha pagado y era ese precisamente el origen del largo proceso judicial. La cuestión era  ¿debería el Ayuntamiento abonar cada año el total de las pérdidas a Aqualia?. Pues bien, dos Juzgados distintos y luego el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, por dos veces, han entendido, y así se recoge en  las cuatro sentencias, que no ha lugar a pago alguno a Aqualia por ese concepto en aplicación del contrato. Es, por tanto, un asunto aclarado y cerrado, porque no cabe ya recurso alguno. Parece entonces cuando menos insólito que este sea el único argumento que presenta Aqualia para intentar resolver el contrato y de paso llevarse 4,7 millones de euros.

Y para que quede claro, si los socialistas nos vimos obligados a forzar a la corporación municipal a pleitear contra Aqualia es porque las cifras totales que la concesionaria exigía y el Sr. Alcalde estaba dispuesto a pagarles con dinero de todos los vecinos era, según nuestros cálculos, de entre 16 y 18 millones de euros en los 40 años del contrato.

Lo que no logro entender es qué hay verdaderamente detrás de esta noticia en este preciso momento, es decir, a ocho días de la investidura y sin que se conozca todavía quién va ser el Alcalde de Llanera durante los próximos cuatro años.